Probablemente, lo que pase con el presidente Castillo tenga que ver con lo que el periodista César Hildebrandt denomina “ceguera autocompasiva y narcisista”.
El mismo mandatario que reconoce no tener preparación alguna para asumir la más alta magistratura del país, es el mismo que no percibe el caos a su alrededor, la credibilidad desfalleciente de su gobierno, el impulso de acción coartado por mil dudas y mil intereses ajenos a los del país. Pero parece que Castillo no puede ir más allá de su autoidentificación como un “hombre del pueblo”, como si ello bastara para librarlo del juicio de la historia.
Por otro lado, mientras una pesada manta de mansedumbre parece cubrir al mandatario, otra actitud, más soberbia y envanecida quizás por el cargo que hoy ostenta, se apodera de algunas de sus expresiones, las mismas que lo llevan a mentir y a no inmutarse cuando el libreto no es seguido a la perfección. ¿Pensará que los demás, los que lo oímos, no nos dimos cuenta? ¿Pensará que somos tontos? Esa mezcla de ingenuidad y soberbia es altamente dañina cuando quien posee estas cualidades contradictorias se encuentra en la cúspide del poder, y es urgente que se tomen medidas saludables de control político.
La primera exposición voluntaria del presidente ante la prensa ha servido, para mal suyo y bien nuestro, para revelar su verdadero rostro, el de una persona que carece de condiciones mínimas para ejercer el poder. La primera condición es la veracidad, y Castillo no puede alardear de ser sincero con el país.
Es necesario que los dichos del mandatario sean examinados uno por uno por las autoridades competentes, empezando por el Congreso, cuya misión es asegurar que el marco de la democracia, la ley, se mantenga inalterable y siga siendo el fundamento del progreso social. Tomemos en cuenta que el último quinquenio de zozobras e inestabilidad requería una solución fuertemente marcada por lo institucional, pero esto no puede ser excusa para que los incapaces permanezcan en cargos desde los cuales ponen en peligro el avance de tres décadas en materia económica y social.