Es un hábito permisible que todo gobierno, al asumir el mando, ubique en los puestos claves a sus partidarios de confianza.

Eso no es delito ni cuestionable siempre y cuando los “premiados” tengan la experiencia, méritos académicos y habilidades para el cargo; algo que no está pasando con el gobierno de Pedro Castillo, cuyos adeptos no “coleccionan” diplomas de honor sino denuncias penales.

El resultado de este padrinazgo irresponsable en las instituciones del Estado es la incompetencia y descomposición institucional que se aprecia en el vencimiento de la vacunas para la Covid-19; la paralización de la actividad minera; la falta de políticas para fomentar el empleo o hacer frente al alza de productos alimenticios, incluso en las transferencias a los gobiernos locales, cuyas obras está detenidas porque el MEF no se mueve.

Algo preocupante es que dentro de la campaña por darle trabajo a cerronistas y castillistas, se están filtrando siniestros personajes cuya misión es controlar los demás poderes del Estado, con visión a que las instituciones no reaccionen ante la imposición del ideario de Cerrón, cuyo objetivo es el cambio total de la Constitución. En eso andan hoy ocupados.