El salvaje atentado a la minera La Poderosa, en Pataz, no es solo un acto delincuencial aislado de bandas organizadas, sino un acto terrorista que nos recuerda a las hordas de Sendero de los 80-90, cuando derribaban torres de energía eléctrica. Lo grave de hechos como estos es que pone en “jaque” la inversión y explotación minera, una de las principales actividades económicas del país.
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Y eso no es todo. El crecimiento y accionar “libre” de estas organizaciones criminales delatan la inercia e incapacidad de un Estado que no reacciona rápido ni tiene un plan estratégico para acabar con la minería ilegal en diversas partes del país, que hasta la fecha deja pérdidas por S/22.700 millones; es decir, un 2,5% del PBI.
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¿Qué tanto poder tienen estas bandas para poner en zozobra al sector más productivo e importante del país como es la minería? Hay suficientes razones para pensar que la minería informal también se infiltró en el legislativo, de allí que no haya normas drásticas para combatirla. Por el contrario, se sigue fortaleciendo y siendo dueña de vastos territorios como ocurre también aquí entre Tambogrande-Las Lomas-Suyo.
