Se había dicho hasta el cansancio que este Congreso juega en pared con la informalidad, el populismo irresponsable y hasta contra la fe de las personas. Por eso, la ley que vuelve a formalizar el servicio de taxi colectivo y que tanta discrepancia genera en las ciudades y gremios del servicio público, ha sido observada y demandada ante el TC por inconstitucional.
Con ello no solo se paraliza el proceso de formalización sino que pone en duda su funcionalidad, pues en ciudades modernas y de crecimiento rápido, tener un sistema de transporte atomizado no solo es perjudicial para la salud de las personas por el riesgo de contagio de la Covid-19 sino que origina caos y saturación de vías, además de la competencia desleal que genera al servicio de taxi y transporte público.
El otro problema es la calidad de los vehículos y su capacidad. Por lo general, en el servicio de taxi colectivo siempre van los vehículos más pequeños, piratas y en mal estado técnico.
Es probable que el TC dé la razón al Estado, pues toda ciudad debe aspirar a un transporte masivo eficiente, rápido y seguro. El taxi colectivo, al parecer, no lo es.
