Los congresistas parlanchines han dejado claro, no quieren elecciones adelantadas.
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La presidenta Dina Boluarte tampoco quiere irse y su decisión de seguir en el cargo lo ha ratificado para irritación de sus opositores. La situación hoy está en un punto muerto, mientras se espera otra andanada de protestas y bloqueos de carreteras en el sur.
Para muchos, la renuncia de Boluarte sería menos traumática a las protestas y bloqueos; y, sobre todo, le daría el golpe de gracia a los parlamentarios desprestigiados que –con su doble discurso-, se han atenazado en sus curules para quedarse hasta el 2026. Esta decisión, sin embargo, tampoco garantiza que el Perú se convierta en el paraíso de la concordia y la gobernabilidad.
La realidad es que, si Dina se queda, el Congreso hará todo lo posible -apelando a la Constitución, la leguleyada y el doble discurso-, para quedarse. Frente a este panorama incierto, tanto al Ejecutivo como al Legislativo solo les queda la Policía y las Fuerzas Armadas para resistir una nueva andanada de violencia. ¿Resistirán hasta el 2026? ¿Qué consecuencias traerá para la economía y la gobernabilidad en el país?
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