Según el exministro de Economía, Luis Castilla, el MEF en el 2022 asignó la partida 068 de prevención de desastres por el monto de S/ 2 mil millones; pero, como ha ocurrido en los últimos años, las autoridades que se fueron devolvieron 500 millones porque no sabían o no pudieron gastar en prevención de daños, precisamente en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque.

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Si todo ese dinero se hubiera priorizado para elaborar y ejecutar proyectos y trabajos de prevención de inundaciones en las zonas bajas de las ciudades o en la compra de equipos de bombeo, muchos piuranos tal vez no estarían hoy rotulados como “damnificados” o con el agua a las rodillas implorando por una motobomba o cisterna.

Y pasa lo de siempre. Se exige más dinero, más partidas para emergencia y mitigación, pero cuando el dinero llega, las autoridades no saben cómo gastarlo porque no hay expedientes terminados; pero tampoco pueden disponer alegremente de ese dinero porque sería un delito. Al final no lo usan y es la población la que termina pagando la inercia e incapacidad de los funcionarios y autoridades elegidas.