Muy pocos, menos del 10% de ciudadanos requeridos por las encuestadoras, confían hoy en las instituciones públicas debido a que estas han sido preñadas por la corrupción y la impunidad en todos los niveles. El Congreso se lleva las palmas con el 91% de desaprobación según IEP (solo el 5% los aprueba); seguido del Ejecutivo (84% desaprueba la gestión de Dina Boluarte); el Ministerio Público, la justicia y hasta la Policía también salen desaprobados.

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Según el estudio de IEP, un 69% de la población desconfía y desaprueba la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavidez, a quien responsabilizan de la crisis en el Ministerio Público. El Poder Judicial y la Policía no se salva de esa desconfianza ciudadana, lo que nos lleva a una triste y preocupante conclusión: las instituciones públicas en el país atraviesan por una severa crisis de credibilidad y legitimidad.

En efecto, esta desaprobación de las instituciones debe llamarnos a la reflexión porque no solo es el pobre desempeño y la corrupción la que asfixian a las instituciones, sino que esto lleva a cuestionar su legitimidad y todas las acciones que ejecuten como autoridades.