Parece que los mal llamados “padres de la patria” se han propuesto defender con descaro cualquier acto de justicia contra las bandas organizadas, sobre todo las que se mueven y proliferan en el ámbito político. No contentos con tumbarse los beneficios de la colaboración eficaz, la principal arma del Ministerio Público contra la criminalidad, ahora pretenden evitar la “criminalización de las organizaciones políticas”.
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Es decir, quieren proteger y considerar intangible para la justicia los bienes y activos de las organizaciones políticas en caso sus miembros o fundadores estén inmersos en alguna investigación fiscal o sean condenados por algún tipo de delito doloso. En resumen, buscan impunidad y blindar a los partidos ante cualquier acción legal de la justicia.
Lo irónico es que quien está atrás de impulsar este proyecto, presentado a la comisión de Justicia, es nada menos que Waldemar Cerrón, el hermanísimo del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Posible. ¿Hasta cuándo los peruanos permitirán que se politice así la justicia? Una ley no nombre propio ya favoreció hace algunos meses al mismo presidente del Congreso.
