Para los opositores de Pedro Castillo, que quieren sacarlo de Palacio tras el escándalo por sus reuniones secretas en Breña y con proveedores en la propia sede del Ejecutivo, se quedarán con las ganas. Si bien la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación al mandatario por las irregularidades cometidas hasta ahora, incluido los ascensos en las FF.AA.; esta la suspendió hasta el término del mandato.
Zoraida se ampara en el artículo 117 de la Constitución: el presidente no “puede ser investigado mientras ejerza el cargo”. Es decir, se posterga hasta el año 2026. Con lo que no contaba la fiscal es que la ex presidente del TC, Marianella Ledesma, le aclarará que sí se puede investigar, pues hacerlo después de cinco años es ser ingenuo. Lo que no puede hacerse hoy es acusar a Castillo.
La esperanza para quienes quieren sacar a Castillo, está ahora en lo que puedan hacer los legisladores impulsivos. El congreso podría echar mano de esta investigación fiscal para promover un nuevo intento de vacancia aplicando el polémico argumento de la “incapacidad moral”. El propio legislador, Guido Bellido ya lanzó la voz de alerta.
