La pesadilla de los malos políticos y lobistas profesionales es el periodismo fiscalizador. Por eso odian a los periodistas y por ello han iniciado no solo una campaña de desprestigio contra los medios, sino que hoy intentan vengarse de las investigaciones periodísticas aprobando sanciones más drásticas (con pena de cárcel efectiva) a los comunicadores que, según ellos, los “difamen” con denuncias públicas.
En ese sentido, la comisión de Justicia del Congreso aprobó la propuesta de ley, en la que se incrementa la pena de prisión (efectiva) a cinco años, además de exigir una abultada indemnización a la supuesta víctima por difamación.
Para los juristas, la propuesta vulnera las normas de la Corte Interamericana que establece que los discursos de interés público están protegidos por la Convención de Derechos Humanos y, por tanto, no pueden ser criminalizados.
Lo más irracional es que todo el discurso de la nueva ley, que será elevada al pleno, está ya contemplado en el ordenamiento jurídico (ya existen), pero quieren endurecerlas por el simple gusto de castigar a los periodistas investigadores bajo el argumento del “exceso en la libertad de expresión”.
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