Es probable que hoy el pleno del Congreso ratifique la decisión de la Comisión de Constitución de eliminar la inmunidad parlamentaria; un derecho que ha sido refugio de ladinos políticos en busca de evadir la justicia. De ser así, los futuros congresistas quedarán expuestos al poder judicial si es que están o cometen algún delito.

Pero lo interesante de esta reforma es también la aprobación del dictamen que impide la postulación a cargos de elección popular a los condenados en primera instancia por delitos dolosos. De aprobar el pleno esta norma, se les cerrará las puertas de las instituciones públicas como el Congreso o municipios o presidencia a personajes implicados en corrupción, crímenes, lavado de activos, entre otros delitos graves.

Esta norma era un clamor popular contra la impunidad parlamentaria, pero también contra la hoja de vida de ciertos personajes que en los últimos años han llevado al Congreso a ser una de las instituciones más desprestigiadas del país y la causa de conflictos políticos que polarizaron el desarrollo del país. Después de todo, los políticos no postulan a cualquier trabajo, sino a una institución que legisla y fiscaliza.