El problema con el actual ministro de Interior, Luis Barranzuela, no es solo que carece de antecedentes “impecables” en su trayectoria profesional y personal como exige el cargo, sino por la forma suspicaz en que ataca a Devida, una de las instituciones más representativas en la lucha contra las drogas en el Perú, obligando a su presidente a la renuncia irrevocable.

El trasfondo es que desde que asumió el cargo Barranzuela, su objetivo ha sido claro: seguir la política de gobierno de apoyar la legalización de los cultivos de coca y, de paso, deshacerse de todas las instituciones que luchan contra la erradicación de esta planta, que en muchos casos termina como insumo principal en las pozas de maceración del narcotráfico.

En efecto, bajo presión de los cocaleros se han propuesto legalizar este cultivo sin importar dónde termine. Los peruanos sabemos de la alta demanda que existe por parte del narcotráfico y las consecuencias de que muchos agricultores –por la rentabilidad-, abandonen otros cultivos alternativos para sembrar coca, mucho más rentable y, sobre todo, con mucha demanda. Preocupante porque con ello terminaría el control en su cultivo y comercialización.