Mientras el país está en piloto automático y el presidente Pedro Castillo tratando de esquivar los dardos de su vacancia tras la crisis sin fin, el Congreso se prepara a dar el zarpazo final y convertir a la Sunedu en una nueva versión de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), politizando así una institución que en los últimos años obligó, -con las atribuciones legales que le compete-, que las universidades cumplan con las condiciones mínimas de calidad para ofrecer educación universitaria.

Lo que se pone en riesgo con esta norma es la reforma universitaria que se había emprendido desde el 2015 para mejorar la calidad en infraestructura, administración, así como calidad de los profesores universitarios. El temor es que la “nueva Sunedu” se politice y sirva como ancla para el retorno de las universidades privadas no licenciadas.

La polémica norma deberá ser aprobada por insistencia en los próximos días, en segunda votación por el Congreso. Mientras tanto, gremios estudiantiles y profesores marchan por las calles, pero sin la fuerza ni la atención que el tema requiere por tratarse de la educación de quienes dirigirán el país.