Podrían ser justos y hasta necesarios los reclamos de los agricultores quienes, al igual que el resto de peruanos, son golpeados por la crisis económica mundial y por la ineptitud de un gobierno sin imaginación ni capacidad para solucionar los problemas internos; sin embargo, es cuestionable y un delito echar mano al bloqueo de pistas como estrategia de extorsión.
El Código Penal –para recordarles-, sanciona hasta con 10 años de cárcel por delito de extorsión a quienes bloquean pistas exigiendo demandas al Estado. Es más, si toman rehenes la sanción puede llegar a cadena perpetua pues es claro que en dichos actos de violencia se vulneran diversos derechos como a la vida, la integridad personal, seguridad común, la propiedad privada y hasta el derecho al libre tránsito y funcionamiento de los servicios públicos.
Quizás no todos los manifestantes conozcan la norma, pero sí los dirigentes quienes empujan a las masas, como prioridad, a tomar las carreteras y así malograrle el día a los miles de trabajadores, estudiantes, comerciantes, empresarios que con igual derecho, también quieren ganarse la vida y cumplir con sus compromisos del día.
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