Esta vez habrá que reconocerle el mérito al alcalde provincial de Piura por la propuesta de firmar un convenio con el Colegio de Ingenieros (CIP) para que estos, en su calidad de profesionales y especialistas en proyectos de construcción, se involucren en la supervisión de obras que la municipalidad ejecuta en toda la provincia.
¿Quién mejor que los especialistas para determinar la calidad de los proyectos? ¿Quién mejor que los profesionales para diagnosticar el valor y la prioridad de determinadas obras para la provincia? Por ello, resulta descabellado, ilógico y tendencioso que los propios regidores, cuya misión y función fiscalizadora encargada por la población a través de su voto, se rehúsen a recibir esa ayuda especializada.
En este caso, parece que los regidores dan más peso al interés personal o a su ‘preocupación’ por los costos que pueda significar, antes que al bien común. Quizás el alcalde no les caiga bien a todos, es normal, pero su propuesta parece pertinente porque contribuye a la fiscalización y, sobre todo, asegura la calidad de las obras, desde afuera, y no desde la propia óptica sesgada de los “fiscalizadores” ediles.
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