Según reportes de Defensoría, que monitorea la crisis política y la protesta social, es solo el 13.3% del total de provincias a nivel nacional donde se registran acciones colectivas de protesta, movilizaciones, paralizaciones y bloqueos. El resto de provincias están tranquilas.
Algo similar ocurre en cuanto a la cantidad de protestantes. Se afirma que se movilizan algo más de 10 mil manifestantes, de un total de 33 millones de peruanos.
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Bajo este análisis significa que ni siquiera el 1% de la población peruana es la que protesta en las calles o genera el caos; pero es la que ha puesto en jaque al gobierno de Dina Boluarte al punto que ha paralizado el turismo y las inversiones; está obligando a adelantar las elecciones generales y exige un referendo para su manoseada asamblea constituyente.
Para los politólogos, este fenómeno social se explica por la intensidad de la campaña de desprestigio hacia el gobierno y también a la protesta; pues en términos democráticos, este grupo de vándalos no debería tener poder para obligar a todo un Estado a cambiar las reglas de gobierno, salvo que los gobernantes carezcan de liderazgo, autoridad y valentía para ponerlos en su sitio.
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