Se ha hecho una constante que quienes ostentan el poder, por haber sido elegidos por voto popular, quieren seguir en la cresta de la ola, manejando los hilos políticos para que familiares, adeptos de confianza o alfiles políticos, asuman la posta.

En la consecución de ese objetivo crean nuevos movimientos, se alían con el diablo y hasta hacen uso indebido y descarado de los recursos del Estado.

Esta semana, Vigilia Ciudadana develó uno de estos pecados en el gobierno regional, en donde se descubrió el robo de una camioneta de la institución asignada a un funcionario y que según VC era utilizada para fines proselitistas. En las elecciones pasadas ocurrió lo mismo y así pasa con diferentes alcaldías distritales y hasta provinciales.

El problema es que muchos de los que se dicen “políticos” más semejan a una gavilla de aprovechados que buscan en las instituciones públicas, más que poder, cumplir con sus sueños de ser nuevos ricos. Estos y otros casos, que suman muchos, debería ya estar en la agenda de Contraloría, pues las instituciones públicas no son bienes que deben ser heredados por familiares o cómplices estratégicos.