Lo que ocurre en las carreteras del sur y La Libertad es repudiable. Por más derecho que un grupo tengan a la protesta, esta no puede degenerar en abuso, agresión y extorsión. Nadie, salvo por seguridad o emergencia, puede impedir el libre tránsito de personas y generar sicosis y perdidas millonarias a particulares que nada tienen que hacer con las exigencias de ciertas hordas violentistas.

Es cuestionable también la debilidad del gobierno para enfrentar estas manifestaciones, pues para cuidar playas hasta las FF.AA se han puesto al servicio, pero no pueden controlar y despejar las carreteras para la libre circulación. Es cierto que hay abusos en el tema laboral, pero esto no es motivo para organizar revueltas sangrientas, vandalismo y poner en riesgo la vida de las personas.

El Estado tiene la herramienta legal para denunciar estos actos, pero parece que nadie quiere involucrarse, ni siquiera el Ministerio Público. Bloquear vías de comunicación tiene una pena de 8 años de cárcel, y si se pone la vida en peligro, 4 años más, si se suman penas, estas pueden llegar hasta los 16 u 20 años. Lamentablemente hasta ahora nadie está preso por esto.