Dos pedidos casi insistentes y altisonantes de los gobernadores reunidos en el Gore Ejecutivo al presidente Pedro Castillo, en Trujillo, fueron: más recursos a las regiones y bajar la burocracia; es decir, el control estricto a la transferencia de recursos, ejecución de obras y proyectos para las regiones. Según ellos, solo así acelerarán la inversión al 100% de sus respectivos presupuestos.
Es términos sencillos, lo que quieren los gobernadores es más plata y menos control en cómo la gastan. Si hoy con la fiscalización existente hay más de 25 funcionarios públicos, entre gobernadores y exgobernadores, investigados por malversación de fondos, peculado, lavado de activos y un largo etc. ¿Qué confianza ofrecen para el manejo transparente del dinero del Estado? ¿Qué garantía dan de ejecutar obras si hoy ni siquiera llegan al 60% de su gasto?
La corrupción en el Perú ya es un cáncer con metástasis; sobre todo en la administración pública, las denuncias a más de 27 mil funcionarios en todo el país, según el ente especializado en delitos de corrupción SNECF, lo reafirma. Piura sigue entre las 7 regiones con más denuncias. ¿Quién confía en funcionarios públicos?