Los empresarios de la gastronomía tienen razón: no les conviene reabrir sus negocios para atender con el 40% de su capacidad. Es decir, si un negocio tiene 20 mesas, solo podrán ser ocupadas 8. Esto no alcanzará para pagar al personal, alquiler de local e impuestos, etc.; mientras tanto, la informalidad no paga impuestos y, lo que es la mayor desventaja para los formales, nadie los fiscaliza.
Este mismo patrón se repite en el transporte público y otros servicios que se ofrecen en Piura. Hasta el comercio se ha montado al lomo de la informalidad porque es más rentable, nadie controla ni exige protocolo de seguridad, con lo cual la utilidad es más atractiva. El mensaje por tanto es claro: hoy es más seguro y beneficioso trabajar al margen de la ley.
Si el Estado no facilita o lanza un salvavidas para el formal, es probable que la marginalidad siga sumando adeptos y con ello, alentando la inestabilidad laboral, el abuso y explotación de trabajadores, sin olvidar la baja recaudación de impuestos. Es probable que desde hoy, los fiscalizadores ediles salgan ávidos a encontrar defectos en los restaurantes porque así es como siempre se ha “premiado” a quienes cumplen con las normas.
