Frente al feroz avance de la delincuencia en el país, el gobierno de Dina Boluarte respondió con la “emergencia”. Hoy, frente al atentado terrorista a la minera La Poderosa, en Pataz, y el bloqueo de carreteras en el Barrio Chino, en Ica, replica cambiando el Código Penal (CP) y endureciendo las penas para los revoltosos y quienes los apoyan.
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La decisión y respuesta del Gobierno no está mal, pero falla en la estrategia operativa. No se puede poner en emergencia una provincia o distrito si no se dan los recursos y refuerzos necesarios como ocurre en Sullana. Endurecer las penas de prisión para los que bloquean pistas, aeropuertos, puertos, etc., tampoco está mal, si es que la medida no termina politizada como está ocurriendo.
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Hay que recordar que según el CP ya existe pena de cárcel para los vándalos y bloqueadores de carreteras, pero por la politización que se le da a las protestas, ningún dirigente o revoltoso está preso por este delito. Si el gobierno sigue demostrando debilidad y no aplica con severidad la sanción que hoy se propone, dichas normas seguirán allí solo como símbolo del populismo, mas no de justicia que todos esperan.