Ese es el dilema y debate armado hoy en torno al recorte de mandato de los titulares del JNE y ONPE porque ya no les “tienen confianza” y, por tanto, es inviable que deban estar al frente de un proceso electoral tan delicado como el que se va a desarrollar en el 2024, con el posible adelanto de elecciones, si lo ratifica el Congreso.
La propuesta la lanzó la congresista de Avanza País, Roselli Amuruz, pero bastó que se sumara Renovación Popular y Fuerza Popular para que la iniciativa legislativa dé inicio a un nuevo conflicto político y la oposición salte a la yugular de la parlamentaria acusándola de estar organizando un nuevo pacto para “controlar el sistema electoral”. Otros aseguran que es venganza porque la derecha perdió las elecciones.
Los propios miembros de estos organismos autónomos cuyos mandatos vencen el 2024 también salieron a defender sus cargos. Quienes defienden la iniciativa aseguran que si vamos a nuevas elecciones, es lógico que se hagan con nuevas reglas y con nuevos árbitros, considerando que los actuales tienen cuestionamientos por su supuesto fraude que llevó a Castillo a la presidencia. Cierto o no, el debate está abierto.
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