Algunas decisiones de este gobierno tienen el rostro del descaro y la impunidad, como la norma que establece el pago de un bono de S/ 2.400 mensuales para fiscales especializados en corrupción de funcionarios, justo cuando los magistrados investigan al presidente Pedro Castillo y sus socios políticos de Perú Libre por presuntos delitos cometidos en Lima y Junín.

Es decir, a partir de ahora si los fiscales se “portan bien” con los casos que estén relacionados con los cerrones y castillistas recibirán su bono. Para algunos magistrados esta decisión es “absurda y populista”, pero además tiene un interés perverso y discriminatorio porque se financiará con el presupuesto del propio Ministerio Público. ¿Y qué hay para las demás áreas del MP?

Es evidente que el bono tiene el sello inconfundible de la impunidad, considerando que las fiscalías anticorrupción investigan la existencia de mafias en las licitaciones en Transportes; así como las andanzas de los dinámicos del Centro, integrada presuntamente por dirigentes de PL y exfuncionarios del Gore Junín. ¿Alguien piensa lo contrario?