Los congresistas, muy hábiles para aprovechar la coyuntura y fomentar el populismo, se disputan hoy hasta 13 proyectos de ley a través de los cuales pretenden que los Gobiernos Regional y la empresa privada compren vacunas contra la COVID-19. La iniciativa es buena para agilizar el proceso de inmunización, pero se teme que esto genere desigualdad.
Por lo pronto, el ministro de Salud y la premier, Violeta Bermúdez, advierten que los gobiernos regionales, si compraran vacunas, podrían fomentar la injusticia, sin contar los posibles actos de corrupción que en torno a la vacuna podría suscitarse, pues si ahora con la distribución gratuita ya están favoreciendo a amigos, compadres y parientes, en caso compren al por mayor, la situación podría salirse de control.
El problema de fondo es que la administración pública no genera confianza ni al mismo Estado, y mucho menos los GORE. En Piura ya tenemos denuncias de aprovechamiento indebido, tráfico de influencias, peculado, concusión, etc., lo último es que las vacunas compradas con dinero del Estado terminen en el mercado negro debido a la alta demanda.
