Por la pandemia, el Ejecutivo asignó más de S/2.900 millones a ministerios, gobiernos regionales y locales para la continuidad de obras públicas.
Lo hizo a través de los decretos de urgencia Nº 086 y Nº 100, este último con vigencia hasta agosto.
En Piura, solo con el decreto de urgencia Nº 100-2021, se asignaron S/84 millones para los municipios de Canchaque, Paita, Bernal y Veintiséis de Octubre.
Sin embargo, ahora la comisión de Constitución busca anular dichos decretos por una presunta infracción constitucional.
Según el congresista piurano César Revilla, se trata del control político y contención al Ejecutivo para evitar que se afecte la caja fiscal con estos decretos.
Protegidos
A su criterio, ya no se puede usar a la pandemia como justificación para asignación de recursos fuera del presupuesto que aprueba el Congreso cada año.
“Los decretos de urgencia son para situaciones extraordinarias y ya vamos tres años de pandemia. La finalidad es que el Ejecutivo respete el marco legal para que el país tenga estabilidad financiera […] Bajo esta vía se pueden llevar media caja fiscal para una inversión que se le ocurra al presidente. Si no hay los candados adecuados, pueden hacer lo que quieran”, aseveró.
Dinero seguro
De otro lado, Revilla aseguró que en el texto sustitutorio de la nueva norma por aprobar, se dejará en claro que seguirá la transferencia de recursos que se aprobaron en los dos decretos.
“La congresista Moyano sustentó el texto sustitutorio en el que dice que las transferencias a gobiernos regionales y locales para obras, mantenimiento o para atender a la población no van a tener ninguna afectación y continuarán igual”, afirmó Revilla.
Incidente
Este tema fue el telón de fondo del incidente que protagonizaron la titular del Congreso, María del Carmen Alva, y la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzáles.
Esta última le reclamaba por la pretensión de anular los decretos que aprobaban las transferencias de obras públicas en el país.
Al respecto, el alcalde de Santa Catalina de Mossa, Esguard Rodríguez, destacó que esta acción afectaría la ejecución de obras.
“Los gobiernos locales han demostrado mayor capacidad de ejecución presupuestal, pero con estas derogatorias se afectaría mucho la inversión. Ahí tenemos proyectos que dimos la buena pro el último día del año fiscal”, anotó.
Sobre el tema, el alcalde de Chulucanas, también se pronunció en contra. “Le pido al Congreso que evalúe bien el tema porque es un tema de competencia municipal”, indicó.
Al respecto, el gerente del Gobierno Regional, Mario Otiniano, sostuvo que también estarían afectados con la derogación en curso. “Generaría un problema de financiamiento de los proyectos que están en ejecución”, acotó.
De acuerdo a Revilla, se hará la salvedad para garantizar que continúe la transferencia de fondos aprobados con los dos decretos a favor de las regiones.
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