Especialistas sostienen que la intervención del sector privado debe darse luego que el Ejecutivo asegure el acceso gratuito y universal del medicamento.

Con la luz verde del Ejecutivo, el sector privado se sumará a la importación y comercialización de la vacuna contra el COVID-19. Ante esta posibilidad, los especialistas recomendaron la regulación del Estado para evitar un sobreprecio producto de la desesperación de la población.

Los galenos también coincidieron en que la intervención de las clínicas y laboratorios privados debe ser complementaria y después de garantizar el acceso de la vacuna a la mayoría de los peruanos. Así opinaron a raíz de la publicación del DS N° 002-2021-SA del 10 de enero pasado.

“Esperemos un control en la regulación de precios para la vacunación y que no sea un fármaco inaccesible para la población con algo de capacidad económica. Sea público o privado, necesitamos una campaña educativa nacional respecto a los beneficios de vacunarse, porque hay toda una contracampaña”, expresó el galeno y especialista en salud pública, Julio Barrena.

En este caso, agregó, no es posible dejar que la oferta y demanda del mercado determinen el precio referencial del medicamento.

“La especulación y la desesperación de ciertos grupos de querer tener la vacuna rápidamente sobre todo para las personas adultos mayores o con factores de riesgo, va a influir mucho en el asunto del precio. Espero que el Estado regule el precio. En pandemia, no estamos en una situación de libre mercado. El Estado debe garantizar que no se lucre en exceso y que se cubran los costos que hará el privado por conseguir la vacuna”, aseveró Barrena.

Regulación

Una similar opinión tuvo el directivo del Colegio Médico de Piura, Christian Requena. “Si el gobierno no regula y no existe una prohibición de un precio máximo [como una posibilidad], entra al tema de oferta y demanda que puede existir en la parte privada”, aseveró.

Desde su punto de vista, la intervención de los privados podría ayudar a la cobertura de acuerdo a las fases de aplicación del fármaco en sus dos dosis.

La vacunación comprende tres fases: personal médico y de primera línea; adultos mayores y la población entre los 18 y 59 años.

“Al darle la autorización al sector privado, se le podría dar acceso a las personas que estén en fase tres. Esa es una mirada, pero va a depender de que el gobierno asegure un gran número de vacunas al que pueda acceder la población pobre. Si esto no sucede, se verá más como un tema comercial”, sostuvo.

Lucro

Sobre este punto, el excongresista y galeno Hernando Cevallos refirió que la autorización para la intervención del sector privado solo perjudicará a la población menos favorecida.

“En la actual coyuntura donde el Estado no garantiza de manera gratuita la distribución a toda la población peruana, permitir que el sector privado se adelante y pueda vender estas vacunas es como otorgar un bono de vida a quienes pueden pagarlo. Eso me parece inmoral. La primera responsabilidad del Estado es asegurar el acceso de las vacunas a toda la población. El precio lo impondrá la desesperación de la población”, refirió.

Costos

De otro lado, el Ministerio de Salud, en un comunicado público, garantizó el acceso universal y gratuito de la vacuna china Sinopharm así como de otras que adquiera el Estado. El Minsa precisa que en el país, solo una entidad está a cargo de la aplicación de esta vacuna.

Los laboratorios privados que quieran distribuir otras vacunas deberán obtener Registro Sanitario Condicional con vigencia de un año. Se otorga para los medicamentos que tengan estudios clínicos en fase tres.

De acuerdo al médico y especialista en epidemiología Edward Mezones-Holguín, la publicación del decreto supremo era necesario para facilitar el ingreso de la vacuna al país y con estudios finalizados.

Por. Redacción El Tiempo