En el último año, el Gobierno peruano ha perdido más de S/12 000 millones a causa de las paralizaciones en las diferentes minas del sur del país, el paro de transportistas a nivel nacional, el toque de queda improvisado en Lima y Callao y el reciente paro agrario de 48 horas en Cusco que dejó un perjuicio económico importante para el sector turismo.
Además, según el último reporte de la Defensoría del pueblo, desde marzo del año pasado hasta el último mes del 2022 se registraron 208 conflictos sociales en todo el territorio nacional, siendo Loreto, Cusco y Áncash las regiones con mayor número de casos. Asimismo, se evidencia que desde que asumió la gestión el actual Gobierno; es decir, desde julio del 2021 hasta marzo de 2022, la incidencia se ha incrementado.
Para Héctor Collantes, director asociado en Fitch Ratings, la conflictividad social ha sido un problema recurrente en torno al sector minero. Sin embargo, el Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), hasta el cierre del año pasado, la minería perdió S/1.500 millones por las suspensión de operaciones a causa de las diversas protestas sociales. Esto significa también menos ingresos para las regiones y menos oportunidad de cerrar brechas sociales y de incrementar el empleo.
Solo en la suspensión de las actividades de Cuajone (Moquegua) y Las Bambas (Apurímac) que representan el 20% de la producción de cobre, se han reportado millonarias pérdidas económicas.
En el caso de Cuajone, el Estado dejó de percibir S/400 millones en Impuesto a la Renta y regalías desde la suspensión de actividades el 28 de Febrero. En las Bambas, las pérdidas diarias por concepto de regalías contractuales es de S/1.2 millones y S/4 millones por Impuesto a la Renta; es decir, la afectación es de más de 200 millones de soles en 40 días de inoperatividad.
De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la convulsión social le habrían costado al sector minero-metálico alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021. Es decir, la actividad minera se expandió 9,7% en el 2021, pero pudo haberse expandido 12% sin conflictos sociales.
Pérdidas humanas
Según Infobae, el último paro de transportistas a nivel nacional no solo originó pérdidas de más de 9.000 millones de soles, sino también dejó el saldo de cinco personas fallecidas, tres en Huancayo, uno en Huánuco y otro en Ica.
Para el constitucionalista, Luciano López, el Ejecutivo tendría gran responsabilidad sobre este tema pero hasta la fecha pasa totalmente desapercibido.
“Al señor Merino, la fiscalía le atribuye una responsabilidad en los eventos ocurridos en el fatídico 30 de noviembre del 2020 por el uso desbordado de la fuerza pública, por no tomar acciones; entonces me parece que es la misma lógica que se podría seguir respecto a estas muertes porque es básicamente el mismo razonamiento. El asunto es que este presidente ni sus ministros tienen propósitos de enmienda”, señaló
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