En una lógica del mundo al revés, los funcionarios honestos del Gobierno Regional, que denuncian actos ilícitos, son “premiados” con el desaforo del cargo que venían ocupando.
Esta sería la historia de la exdirectora de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura (DRAP), abogada Dalia Carina Campos García, quien detectó y denunció la presunta falsificación de certificados de productores agrarios en la agencia agraria del Chira.
Dichos documentos se usaron para la ejecución de los contratos de entrega de alimentos al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, por parte de tres consorcios.
Resuelven contratos
Tras detectarse la falsificación, Qali Warma resolvió los contratos con los consorcios Milagroso San Lorenzo, Cibeles y Atlanta. Esta decisión se toma luego de las indagaciones y elaboración de informes legales de la citada abogada que pusieron en evidencia la presunta falsificación.
Se trata de tres certificados de productores agrarios emitidos en diciembre del año 2021. Estos están a favor de los ciudadanos Mario Alcas Álvarez, José Luis Castro Alvarez y Esteban Sullón Albines. Dichos documentos se usaron para validar la entrega de alimentos de los consorcios, como si en realidad se hubieran comprado a los pequeños productores.
Todos los hallazgos del caso se detallan en el informe legal Nº 199-2022 de agosto pasado. Aquí se narra cómo el entonces director de la agencia agraria Chira, Carlos Ángel Rodríguez Villalta, cambió de versión cuando se le consultó de los certificados de los productores.
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Con el oficio Nº 057-2002 del 4 de mayo, el citado funcionario afirma que dichos certificados nunca fueron emitidos por su despacho. Asegura incluso que se usó el sello y firma de un exdirector que dejó de laborar en el 2017.
Otra versión
Casi un mes después y con el oficio 084-2022 del 8 de junio, Rodríguez cambió de versión. Ahora dice que hubo un error al firmar los documentos, pero que sí son válidos. Tras esta contradicción y ante las consultas de Qali Warma sobre la validez de los certificados, la abogada acude hasta la misma agencia agraria del Chira y no encuentra ningún rastro de los expedientes administrativos que habrían dado lugar a los documentos.
Otro indicio que se muestran en el informe es que durante todo el año 2021 no se emitieron mas que 13 certificados. Sin embargo, los documentos en cuestión tenían numeración de 178-2021, 179-2021 y 184-2021. Tampoco hay registro en tesorería de pago alguno por el derecho de trámite durante diciembre del 2021 a nombre de los presuntos productores agrarios.
La cambian
Fruto de este trabajo es que el director regional de Agricultura, Ilich Yaser López Orozco junto a la misma abogada, interponen una denuncia penal contra el exdirector de la agencia agraria, Carlos Ángel Rodríguez Villalta por presunta falsificación de documentos y colusión agravada.
Grande sería la sorpresa de la funcionaria cuando el último 29 de setiembre, el gobernador Servando García Correa, suscribe la resolución Nº 554-2022, en la cual designa al abogado Elmer Enrique Mechato Alcas como nuevo director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura.
En el cuerpo de la resolución no se hace mención a los motivos para el retiro de la anterior funcionaria. Cabe indicar que Mechato Vargas viene de ocupar la gerencia de Desarrollo Agricola y Promoción de la Inversión Privada del proyecto Alto Piura.
El funcionario ha sido duramente cuestionado por los dirigentes agrícolas de la zona. Ello debido a que no tendría la experiencia para ocupar dicho cargo.
Reconsideración
Cabe señalar que una de las últimas acciones de la exdirectora de Asesoría Jurídica de la DRAP, fue la emisión del informe legal que dio lugar a la resolución directoral Nº 296-2022 del 29 de setiembre. Con dicho documento se declara la nulidad de los tres certificados que usaron los consorcios para sus contratos con Qali Warma.
Fuentes cercanas a El Tiempo dijeron que el nuevo funcionario tiene entre sus manos la atención de un pedido de reconsideración a la nulidad de los certificados en mención de la agencia agraria del Chira. En la DRAP informaron que la abogada es trabajadora nombrada en la institución, por lo que regresaría a su plaza de origen.
En tanto sigue su curso la denuncia ante el Ministerio Público por la falsificación de documentos en que se habría incurrido para cumplir con los contratos de provisión de alimentos para Qali Warma. Por la naturaleza del caso en mención, la denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOR) para el inicio de la indagación.
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