En medio de la pandemia, el Gobierno Regional de Piura sigue haciendo agua por presuntos actos de corrupción como dar validez a cartas fianza falsas de empresas, para tramitar a cambio varios millones para las contratistas.

Esta modalidad que quedó al descubierto con el proyecto de ejecución y equipamiento del centro de salud de Máncora por S/39 millones y que se encargó al Consorcio Constructor MNDC, el cual habría entregado hasta seis cartas fianza de dudosa procedencia.

Para el vicegobernador regional, Marco Purizaca, es una vergüenza para la entidad el allanamiento de sus instalaciones por el actuar de los funcionarios en el manejo de las obras públicas.

“La imagen que tenemos como Gobierno Regional es de corrupción y salpica a toda la gestión. Es decepcionante e indignante que esto suceda y qué vergüenza que tengamos una intervención de este tipo como si fuéramos delincuentes y se tenga que hacer el descerraje de esa manera de nuestra institución”, opinó el vicegobernador.

Para Purizaca se debe determinar si los funcionarios implicados actuaron por su cuenta o si recibieron órdenes de sus superiores para proceder.

Hay que ver si solo son estos exfuncionarios o alguien les ha ordenado de arriba. La responsabilidad administrativa está en quienes designaron a estos funcionarios y eso llega hasta el más alto nivel. Se requiere un cambio total desde el gerente general hasta todo el personal que está ahí para que el gobernador deslinde responsabilidades y pueda dar una imagen de que está actuando y que no solo se deja llevar”, aseveró.

Actos criminales

Para el consejero y presidente de la comisión de Fiscalización del consejo regional, Alfonso Llanos, la orden judicial de allanamiento se respalda en indicios de una actuación delictiva.

“El sustento para la orden judicial se da por indicios de actividades criminales al interior del Gobierno Regional. Habría participación de más funcionarios y el gobernador Servando García debería hacer un mea culpa y apoyar la investigación”, declaró Llanos.

Asimismo alertó de una quinta carta fianza falsa que estaba en trámite por S/7 millones en las oficinas de Tesorería y contrataciones.

Agregó que continuarán con la revisión de más cartas fianza de otras obras públicas para determinar si se repitió la presunta modalidad.

Mafia

Quien fue más dura en sus críticas fue la representante de Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, para quien se trataría de una mafia enquistada en el GORE.

“Esto es un escándalo y la cereza del pastel de más casos que son investigados. Lo que tenemos son mafias de corrupción enquistadas en el Gobierno Regional, en lugar de trabajar por los proyectos grandes y el tema sanitario”, aseveró.

Como asociación civil, agregó, esperan que el caso llegue hasta el final y se proceda con la aplicación de penas a los presuntos responsables.

GORE

Por la tarde, en conferencia de prensa el gerente general, Jesús Torres, informó que el 21 de abril la entidad bancaria les dio cuenta de la falsedad de las cartas fianza y procedieron a la nulidad del contrato firmado con la contratista.

“La nulidad se ha determinado por las cartas fianza y porque no se levantaron las observaciones de la Contraloría del 16 de marzo”, comentó Torres. Destacó que fueron ellos quienes pusieron de conocimiento al Ministerio Público sobre las cartas fianza falsas.

Agregó que para junio concluirán con el expediente de saldo de obra y luego acudirán a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para el financiamiento. El avance consiste en los trabajos con el hospital de contingencia.

“Yo no puedo decir si tengo algún tipo de responsabilidad. Eso lo van a determinar la secretaría técnica y Contraloría en su momento. En el Gobierno Regional trabajamos con toda la transparencia del caso”, refirió.

Sobre los exfuncionarios que siguen no habidos dijo que era cuestión personal. “Cada quien es libre de adoptar la mejor medida de defensa. Es un tema que maneja cada persona. No podría recomendar nada”, explicó.

Pese a los hechos, Torres no hizo un mea culpa. “Para determinar si es delincuente o no, tiene que pasar por un debido proceso. Una persona tiene que ser sometida a un proceso para determinar su condición. Cuando se dicte la sentencia, se les habla de otra manera”, aseveró.

Línea de tiempo

23 de febrero
Contratista entrega carta fianza de Interbank por S/3 millones 956 mil para que GORE pague adelanto.
12 de marzo
Con el aval de Tesorería del GORE se procede al pago de adelanto por casi 4 millones a la empresa.
15 de marzo
Contraloría emite informe con hallazgo de irregularidades en selección de empresa para centro de salud.
21 de abril
Banco reporta que carta fianza entregada por el consorcio es falsa y deslinda de cualquier garantía.
27 de abril
Primera visita de la Fiscalía en oficinas del Gobierno Regional para recopilar información sobre el caso.
17 de mayo
Allanamiento de oficinas y descerraje de domicilios de siete investigados, entre ellos exfuncionarios.