Piura: en tres informes, Contraloría detectó que en el GORE usaron parte de este dinero para planillas y servicios en sede central y Subregión.
Desde el 2019 hasta julio pasado,Perupetro distribuyó más de S/281 millones 123 mil 074 a favor del Gobierno Regional por canon y sobrecanon petrolero.
De todos los años, el 2021 fue el período donde se asignó una mayor cantidad con un total de S/88 millones 206 mil 946.
Con la pandemia de la COVID-19, la distribución del 2020 por la explotación petrolera en la región bajó a S/51 millones 892 mil 032.
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A estas cifras hay que sumar una partida superior a S/68 millones a favor de los institutos superiores, que también está a cargo del Gobierno Regional.
Contraloría
La información aparece en el portal de Perupetro con el detalle de la asignación mes por mes. De acuerdo a ley, el GORE recibe el 20% del monto del canon.
Un 5% es para los institutos, 2,5% para la Universidad Nacional de Piura, 2,5% para la Universidad de Frontera y el 70% a favor de las municipalidades.
El dinero del canon petrolero se debe usar para financiar gastos de inversión en obras que generen desarrollo, en vista que se trata de fondos de una explotación petrolera que tienen un tiempo de vida útil.
Sin embargo, la Contraloría ha detectado que funcionarios del Gobierno Regional han usado el dinero en pagar gastos de personal y de servicios, cambiando la utilidad del dinero.
Esto ha quedado acreditado en tres diferentes informes de la Contraloría General que involucra a la actual gestión del gobernador regional, Servando García Correa.
De acuerdo a esa muestra de los tres informes de control, se habría hecho un presunto mal uso de S/4 millones 830 mil 299.42 del canon para pagar al personal contratado en la gestión de García y en el último año de la gestión anterior.
Otras gestiones
Cabe indicar que la Contraloría detectó una similar práctica durante la gestión del exgobernador regional, Reynaldo Hilbck.
De acuerdo al ente de control, durante la gestión de Hilbck, se dispuso de S/1 millón 234 mil 370 para el pago de planillas de servicios personales en el ejercicio 2018 e incremento salarial.
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¿Malversación?
Sobre el tema, el abogado penalista, Percy García Cavero, dijo que el uso indebido del canon podría derivar en una denuncia penal.
“Habría un delito de malversación de fondos, el cual es un delito contra la administración pública. Hay ciertas exigencias que permiten diferenciarlo de una infracción administrativa”, dijo.
Esto se relaciona a una afectación al servicio o a una función encomendada.
“[Hay que determinar] si la no utilización de esos fondos para los fines para los que están determinados, ha afectado el desarrollo de proyectos o de obras que tendrían que haberse realizado con ese dinero. Eso es algo que el fiscal va a tener que determinar”, afirmó.
El especialista resalta que si no hay esta afectación al servicio, se trataría de una infracción administrativa que se resuelve con sanciones de amonestación o suspensión.
Sede central usa canon en planilla
Con el informe del servicio de control específico Nº 029-2020 de la Contraloría, se detectó un presunto perjuicio económico de S/2 millones 376 mil 193.
Se detectaron pagos de personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios con recursos del canon y sobrecanon petrolero en el período del 1 de enero y 31 de diciembre del 2019.
Los locadores fueron contratados para realizar funciones de naturaleza administrativa y otras labores que no resultaron en un estudio de preinversión, afectando la naturaleza de dichos fondos de inversión.
De acuerdo al informe de control, dicha acción “generó un detrimento patrimonial al fondo de inversión”.
En este caso, se hizo el cambio de una partida de “Estudios de preinversión” para proceder a usar el dinero.
La Contraloría detectó responsabilidad penal en nueve funcionarios, entre ellos, el gobernador.
Se aumentaron los sueldos
El informe de control específico Nº 029-2019 detectó uso indebido del canon petrolero en la Subregión Luciano Castillo Colona en el período del 1 de enero al 31 de julio del 2019.
El perjuicio económico fue de S/1 millón 231 mil 350 para contratar y pagar servicios personales, modificando la finalidad de estos recursos.
Del mismo rubro de canon, se dispuso el incremento del pago del personal contratado por servicios personales por un monto de S/128.200.
En este caso, se anuló una meta de estudios de preinversión por S/4 millones y se cambió por las partidas de gestión de proyecto y fortalecimiento institucional.
En la relación de personas involucradas en los hechos irregulares figuran el gobernador Servando García y los funcionarios Mario Otiniano, Fernando Ruidias, Diana López, Feliciano Yovera, Isidro Silva, entre otros.
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Denuncia por no dar información
En el informe Nº 030-2020 del servicio de control específico detectó pagos indebidos en la gerencia subregional Morropón-Huancabamba.
Se detectó que en los años 2018 y 2019, se usó un fondo de 1 millón 094 mil 556 para pagar personal administrativo no relacionado a estudios de preinversión.
Sobre el tema, el consejero Leonidas Flores sostuvo que hace dos meses los funcionarios dilataban el tiempo para dar respuesta a la información que se pedía.
Sin embargo, esta situación podría cambiar con la promulgación de la ley Nº 31433 que establece que los pedidos de información de los consejeros tiene que responderse en un plazo de 10 días.
De no recibir la información, el consejero tiene la facultad de denunciar al gerente general y el funcionario.
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