Este sábado 4 de diciembre se reanudó las visitas presenciales a los establecimientos penitenciarios del país, incluido los de Piura y Sullana, luego de que fueron suspendidas el 18 de marzo del 2020 por COVID 19.

Las visitas se permitirán, pero de una manera distinta a lo que ocurría antes, y solo podrán hacerlo aquellas personas que están vacunadas y presentando su certificado de vacunación, para lo cual se han habilitado puntos de control.

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La presidenta del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Susana Silva Hasembank, informó que los familiares no podrán entrar con la misma frecuencia que anteriormente se daba.

Esto se debe a que debe estar supeditado al aforo, número de internos que existen, capacidad de albergue de cada establecimiento penitenciario  y número del personal que cuenta.

Silva Hasembank señaló, que en esta primera etapa, que son cuatro meses de evaluación, las visitas solo estarán restringidas a los familiares directos.

Dijo, que en estos momentos no hay casos de COVID 19 en los establecimientos penitenciarios del país, y por esta razón el Minsa, viendo la situación que ha estado muy bien controlada en los últimos tiempos, dio la luz verde para retomar las visitas, pero obviamente con un alerta permanente.

“En caso de presentarse una situación que ponga en riesgo la salud se tendría que levantar la medida en aquellos penales, donde haya un número importante de casos», agregó.

Visita a penales del Perú

Asimismo, se reanudaron las visitas a los penales de Ancón I, Miguel Castro Castro, Mujeres Chorrillos, Virgen de la Merced, Anexo Mujeres Chorrillos, Virgen de Fátima.

En ese sentido, también Cañete, Chincha, Ica, Huacho, Chimbote, Huaraz, Huancayo, Concepción, Tarma, La Oroya, Jauja, Chanchamayo, Huanta, Río Negro.

Además de Bagua Grande, Juanjuí, Moyobamba, Pampas de Sananguillo, Iquitos Varones, Iquitos Mujeres, Tarapoto, Huánuco, Arequipa, Camaná, Moquegua, Andahuaylas, Puerto Maldonado, Chota, Tumbes.

En tanto, también el de Piura, Sullana y Pacasmayo, cumpliendo el lineamiento que es de aplicación obligatoria en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE a nivel nacional.