Postor único no acreditó experiencia en la especialidad para adjudicarle el contrato para la elaboración del expediente técnico de la importante obra ‘La Costanera’.
La Contraloría halló una irregularidad en el otorgamiento de buena pro para la elaboración del expediente técnico de la obra vial La Costanera I -que une las playas de la provincia de Talara- y determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en tres funcionarios miembros de un comité de selección y del área de abastecimiento por favorecer al postor ganador con un contrato de más de 800 mil soles.
El informe de Control Específico N° 9542-2020-CG/GRPI-SCE señala que este postor único no acreditó experiencia en la especialidad para adjudicarle el contrato por el servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento de la carretera departamental Ruta PI 100 trayectoria: Emp. PE-1N (Dv. Talara) Dv. Negritos-Talara-Lobitos-Dv. El Alto-El Ñuro-Emp. PE-1N (Pte. Ñuro) y PI 115 Tramo: Lobitos-Emp. PE-1N, distrito de Los Órganos-distrito de El Alto-distrito de Lobitos-distrito de Pariñas, provincia de Talara, región Piura”.
Los auditores evidenciaron que el comité de selección otorgó 80 puntos al contratista (lo mínimo requerido para pasar a la siguiente etapa), pese a que solo acreditó una experiencia con contratos que ameritaba una calificación de 60 puntos conforme a las bases, por lo que su propuesta no debió ser admitida. Sin embargo, accedió a la etapa de evaluación económica y se la benefició con la buena pro.
Asimismo, el postor ganador suscribió el contrato n.° 22-2019-GRP, de fecha 28 de agosto de 2019, por el monto de 808.747,24 soles y plazo de ejecución de 120 días calendario, sin cumplir con acreditar la experiencia del personal requerido como jefe de proyecto y especialista en estructuras y obras de arte, de acuerdo a las bases integradas del procedimiento de selección.
Esta situación ha conllevado a que se adjudique un contrato al margen de la normativa, afectando la legalidad.
Datos
* El informe de control posterior fue notificado al gobernador regional de Piura desde noviembre último para que disponga las acciones administrativas y al procurador público de la Contraloría para las acciones legales.
