El fenómeno climatológico de las últimas semanas ha ocasionado la pérdida de más de 70 vidas humanas, y casi 21 mil damnificados en diversas regiones afectadas, según los reportes oficiales.
La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos -evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la Contraloría- son pasibles de sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado.
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Dicho incumplimiento en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o por no actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas.
“La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia para atender las necesidades de la población y para prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas, y salvaguardar sus vidas y pertenencias”, dijo el contralor Nelson Shack, tras visitar la obra del río Piura ejecutada por el Gobierno Regional.
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Asimismo, anunció que enviarán al Congreso dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia, una relacionada con la inaplicación de normativas que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos, y otra, que establezca que todas las entidades públicas dispongan del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
“Contraloría va a sancionar a los funcionarios que no ejecuten los recursos para atender la emergencia, pero también enviaremos proyectos de ley para inaplicar algunas normas que paralizan algunos procesos.”, dijo el contralor.
