La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la situación crítica por la que viene atravesando la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, en Piura, al no contar con un gerente o gerenta general, con poderes inscritos, que garantice la continuidad de la gestión financiera y operativa de la empresa, lo cual viene poniendo en riesgo la adecuada prestación de los servicios de agua y saneamiento en Piura.
La defensora del pueblo, Eliana Revollar, dirigió un documento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el que solicita a dicha entidad disponer con urgencia las medidas necesarias para definir, en el más breve plazo, la designación del nuevo gerente o gerenta general de la EPS Grau, para lo cual pidió que se promueva el adelanto de la junta de acreedores, a fin de evitar que se profundice la crisis y se cautele el derecho fundamental de acceso a servicios públicos por parte de la población.
En el documento, Revollar manifestó que, de acuerdo a lo informado por los funcionarios de la empresa, actualmente tienen dificultades jurídicas para disponer del dinero recaudado. “Esta imposibilidad legal genera el incumplimiento de pagos a todos sus proveedores, con la consecuente afectación de los derechos fundamentales de aproximadamente un millón de personas que se benefician con el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado”, precisó.
Puedes leer ? Minsa: más de 7 millones de personas adultas aún no reciben la tercera dosis
Según detalló en el documento, debido a la situación descrita, la EPS se ha visto afectada con la suspensión de los servicios de electricidad, así como en la adquisición de combustible para los camiones cisterna, la compra de materiales e insumos para la cloración del agua, así como la falta de pago a empresas que realizan trabajos operativos entre otros.
“Como consecuencia de esta situación, actualmente la empresa carece de materiales e insumos para la cloración de los pozos de agua, se ha suspendido la línea del Aqua Fono y han aumentado los reclamos por desabastecimiento”, refirió la titular de la Defensoría del Pueblo, al señalar que la situación se agrava con el incumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de remuneraciones al interior de la empresa.
“Lo antes señalado resulta de suma preocupación para la Defensoría del Pueblo, debido a que existe el riesgo que se afecte gravemente los derechos fundamentales de la ciudadanía, considerando que la EPS Grau brinda servicios de agua potable y alcantarillado en 25 distritos y tres localidades de la región Piura”, sostuvo la defensora del pueblo en el documento dirigido al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua.
Por ello, la institución defensorial ha solicitado al Gobierno Regional de Piura convocar lo antes posible a una reunión que permita abordar esta problemática, y adoptar las medidas necesarias para alcanzar una pronta solución.
Asimismo, la defensora del pueblo ha instado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a que en el más breve plazo disponga las medidas necesarias para la designación de un nuevo titular, a fin de que garantice la gestión administrativa de la empresa y la prestación adecuada de los servicios de agua y saneamiento en la región Piura.
Síguenos en nuestras redes sociales:
- Facebook: Diario El Tiempo
- Twitter: @eltiempopiura
- Instagram: @eltiempopiura
- YouTube: Diario El Tiempo
- TikTok: @eltiempopiura