La Municipalidad Provincial de Piura descarta irregularidades en los pagos de aguinaldos y otros beneficios remunerativos a funcionarios y servidores.

El jefe de Personal de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP), Oswaldo Seminario Espinoza, descartó que existan irregularidades y perjuicio económico en los pagos de aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios remunerativos a diferentes funcionarios y servidores municipales.

Esto, luego de que se diera a conocer un informe realizado por la Contraloría General de la República en donde señala que se habría ocasionado un perjuicio económico de casi 7 millones de soles en el pago de aguinaldos, bonificaciones e incrementos remunerativos durante el período 2015 a febrero de 2020.

Seminario Espinoza explicó que Contraloría argumenta que estos beneficios logrados en pactos colectivos, no corresponden a los funcionarios de dirección o de confianza que ocupan dicho cargo según el CAP, sin embargo esto no es así, pues las negociaciones colectivas que dieron origen al pago de dichos beneficios a los funcionarios se vienen ejecutando desde 1996.

“Nosotros, como gestión en enero de 2019, encontramos estos aguinaldos, bonificaciones e incrementos como parte integrante y constitutiva de la remuneración de los funcionarios. Lo cual a pesar de los años transcurridos no ha sido materia de cuestionamientos anteriores por parte de Contraloría ni por los distintos auditores externos», explicó.

No obstante, manifestó «ahora Contraloría pretende aplicar la Ley Servir, que entró en vigencia en setiembre del 2014, la cual prohíbe que los funcionarios perciban incrementos de pactos colectivos, pero lógicamente esto no puede aplicarse a incrementos u otros beneficios remunerativos que incluyeron a los funcionarios en virtud a pactos colectivos de los años 1996, 1998, 2002, 2008, 2012 hasta antes de setiembre 2014”. 

En ese sentido, el funcionario comentó que la gestión lo único que ha hecho es seguir cumpliendo con los pagos remunerativos tal y como se encontraron sin modificar planilla alguna.

“No nos hemos aumentado ni un solo sol, asimismo, si hubiéramos pretendido disminuir los importes remunerativos, habríamos cometido un acto lesivo a los derechos laborales por la intangibilidad de la remuneración», aseveró.

Así también, Oswaldo Seminario aclaró que lo hecho por la Contraloría es una acción de control que realiza a instituciones como municipalidades, por ello, la comuna piurana tiene un plazo de 20 días para presentar su plan de acción, el cual se sustentará con la debida opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica para descartar cualquier irregularidad.