La minería ilegal se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, generando más ingresos ilícitos que el propio narcotráfico.
Según datos del 2022, la producción no formal (entre informal e ilegal) representó el 39.3 % de la producción nacional de oro, valuado en aproximadamente US$ 4 mil millones, lo cual debido a su ilegalidad de representar una amenaza para la estabilidad económica del país.
Según el reporte, el valor anual alcanza los S/ 23,760 millones de soles (equivalentes a unos US$ 6 mil millones), lo que supone una pérdida del 2.5 % del PBI, ya que estos ingresos están sustentados en una red de corrupción, asesinatos, explotación humana, impacto ambiental devastador, contrabando y lavado de activos a través de redes internacionales de empresas offshore.
De esta manera, el estudio «Abordaje Integral de la Minería Informal e Ilegal en el Perú», elaborado por V&C Analistas revela la alarmante crisis provocada por la expansión descontrolada de la minería ilegal en todo el territorio peruano.
La minería ilegal en Piura
La situación es especialmente grave en los distritos Tambogrande, Las Lomas (Piura), Suyo, Sapillica, Paimas (Ayabaca), Lancones (Sullana) y Huancabamba, donde aproximadamente 10 mil mineros realizan esta actividad.
La región de Suyo, en Ayabaca, registra la mayor concentración de minería ilegal, extendiéndose a distritos cercanos a la frontera con Ecuador.
Los efectos de la minería ilegal van más allá de la actividad misma, relacionándose con otras actividades delictivas como el contrabando, la trata de personas y la evasión fiscal. Organizaciones criminales buscan control territorial en estas zonas fronterizas, aumentando la inseguridad y la corrupción.
El papel de Estado
Durante una entrevista con el docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Piura, Ing. Alejandro Vásquez, refirió que si bien la minería brinda recursos y rentas al Estado, la ineficiencia de este no permite que esos ingresos se reflejan en obras y mejoras para la población de aquel territorio explotado y eso se debe a la mala gestión de las autoridades vigilantes.
«El estado ha cometido constantes errores en su lucha contra la minería informal, como dar continuas prórrogas a los pequeños grupos de mineros, quienes continuamente están esperando la próxima oportunidad que les dará el Estado, mientras tanto no pagan impuestos, no asumen costos ambientales, costos en la comunidad y pues así no van a querer formalizarse nunca», señaló el docente.
En esta línea, en Tambogrande, la población rechaza rotundamente la actividad minera, incluso la formal. Germán Juárez Ramos, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, señala que mientras persista la corrupción en el Estado, la población no confiará en la minería, incluso formalizada.
