La Contraloría General determinó, durante el 2022, presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de hechos irregulares cometidos por 355 funcionarios de diversas entidades públicas de la región.
La Contraloría General emitió un total de 1496 informes de control, de los cuales 427 corresponden al control posterior, que incluye 79 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico.
Dichas auditorías permitieron efectuar el control a un monto de S/ 4 242 millones de recursos públicos, de los cuales la ejecución de S/ 223 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por S/ 25 millones en contra del Estado peruano.
Dicha entidad también realizó 1062 servicios de control simultáneo durante el 2022. Como resultado de este tipo de control gubernamental, se identificaron 2518 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 1772 situaciones adversas (70%) no han sido corregidas y en 170 (7%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 576 situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
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Servicios de control en Piura
Para el 2023 la entidad del Estado ha programado realizar un total de 736 servicios de control, de los cuales 549 corresponden al control simultáneo, 181 a control posterior y seis informes de control previo.
Entre las principales materias en las que intervendrá la entidad figuran el saldo de obra del mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración de la margen derecha e izquierda del río Piura. Dicha obra que asciende a S/ 66 012 864 es ejecutada por el Gobierno Regional de Piura.
Operativos a nivel Nacional
En la programación de la Contraloría General de la República figuran también cinco grandes mega operativos a nivel nacional, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
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