El reciente informe de estimación de corrupción emitido por la Contraloría ha dejado al descubierto una preocupante realidad en la región de Piura, la cual se ha posicionado como una de las regiones más golpeadas por la corrupción.

Según los datos revelados, aproximadamente una tercera parte del gasto público en el Perú, en contrataciones se realizó de manera irregular, representando una pérdida que supera los S/ 19,300 millones.

Esta cifra es solo una fracción del perjuicio económico total causado por la corrupción en el Perú durante el 2023, el cual asciende a la alarmante suma de S/ 24,268 millones.

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Piura entre las regiones más afectadas por la corrupción

Estas cifras, compartidas por el contralor Nelson Shack en la presentación de los resultados, evidencian un impacto devastador que alcanza el 12.7 % del presupuesto nacional devengado el año pasado.

Ante esta situación preocupante, se hace imperativo tomar medidas contundentes para erradicar la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones.

En este sentido, la Contraloría ha anunciado un plan de acción ambicioso, que incluye la realización de alrededor de 5 mil servicios de control durante el año 2024, triplicando así la cifra del año anterior.

Del registro total de pérdidas, el mayor daño se produjo en las inversiones del Estado, con una incidencia de 17,5 % que alcanza los S/ 8.963 millones.

«En ese año representaba el 14,9 %, se perdían 3 puntos del PBI. Hay una tendencia decreciente indiscutible, pero la velocidad es muy reducida», indicó.

Estos esfuerzos se enfocarán en áreas críticas como la seguridad ciudadana, la inclusión social, la educación, la cultura, el deporte y las consultorías estatales.

Además, se llevarán a cabo seis operativos de control específicos, tales como la evaluación de políticas de seguridad ciudadana, el apoyo a personas con discapacidad y el inicio del año escolar 2024.

Estas acciones tienen como objetivo no solo detectar y sancionar los actos de corrupción, sino también prevenir su ocurrencia y promover una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.