El caso de la obra del centro de salud de Máncora no sería el único con problemas de falsificación de documentos al interior del Gobierno Regional.

Esta es la sospecha al verificar que el Gobierno Regional firmó contrato con varias contratistas sancionadas por problemas similiares en obras públicas.

De forma coincidente, se trata de las mismas obras que eran del interés del equipo especial de tramitadores que conformó el exgerente general, Jesús Torres Saravia.

Uno de estos proyectos es el mejoramiento del servicio de educación inicial en La Campiña (1´593,424.02) del distrito de Catacaos.

El consorcio ganador estuvo integrado por el contratista Escalante Granda Richard Edwrs a quien el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) le impuso tres años de sanción sin poder postular por presentar documentación falsa en una obra de Sechura.

En este caso hubo información falsa y datos inexactos en los certificados de trabajo del personal que propuso para ganar. Los 36 meses de sanción se dieron entre los años 2014 y 2017.

De su interés

Según ha confesado el exdirector de Obras del GORE, Juan Carlos Távara Elías, la obra de La Campiña también era del interés de la exasistente del gerente, Julliana Ballivian durante sus visitas para presionar por los pagos.

Otro objetivo del equipo de Torres sería el proyecto de ampliación y mejoramiento del colegio secundario Atahualpa en Tambogrande (S/7´412,136.02).

En este caso las dos empresas del consorcio fueron sancionadas por usar documentos falsos. La primera es ESP Construcciones y Edificaciones SAC quien estuvo sancionada hasta noviembre del 2020. Solo un día después de culminar su sanción de tres años postuló en el GORE y ganó la buena pro.

Se le sancionó por falsificar declaraciones juradas y carta de compromiso de personal clave en proceso del GORE La Libertad. Por el mismo hecho de usar documentos falsos, el TCE también sancionó al otro socio del consorcio: Grupo de Emp. Const. Ind y Afines SRL.

A pesar de estos antecedentes, el GORE siguió adelante con la contratación de las empresas. En el caso de Máncora tampoco hubo revisión de antecedentes.

Solo así se habrían dado cuenta que Masedi Contratistas Generales SAC, uno de los miembros del consorcio, tiene tres sanciones por usar documentos falsos. Estas se aplicaron entre los años 2011 y 2018.

Comisión

Sobre el tema, el consejero regional José Luis Morey informó que investigarán la validez de 35 cartas fianza y pólizas de caución de diferentes obras públicas.

Para el consejero, con el caso de Máncora se habría puesto al descubierto un modus operandi sobre el manejo de las garantías de las obras.

“Vamos a corrobar esa información con las entidades bancarias para que nos digan si los documentos presentados en los procesos de selección por parte de los postores, son auténticos o no. Tenemos más de 35 cartas”, aseveró.

Gobernador debe rendir cuentas

Informó que para hoy a partir de las 9:00 am se ha citado al gobernador Servando García a una audiencia pública.

Los tres puntos claves en la agenda son la rendición de cuentas del caso Máncora, las compras irregulares en las unidades ejecutoras y el proceso de compra de vacunas por parte del GORE.

Morey aseveró que la autoridad regional está obligado a asistir y sería pasible de una sanción administrativa o denuncia penal, si decide no acudir al llamado del Consejo Regional para este día.

“Si no va, estaría sujeto a una responsabilidad administrativa y penal”, comentó Morey sobre la convocatoria obligatoria de hoy.