Cinco empresas inmobiliarias están siendo investigadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por haber vendido viviendas en terrenos que supuestamente no se inundaban, sin embargo, con estas últimas lluvias, las casas quedaron bajo el agua.
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La Oficina Regional del Indecopi en Piura (ORI Piura) inició investigaciones de oficio contra cinco empresas inmobiliarias de Piura para verificar si vulneraron las normas de protección al consumidor, referidas al deber de idoneidad.
Este último obliga a los proveedores a cumplir las condiciones ofrecidas al público al momento de comercializar sus productos o servicios.
La decisión se dio tras conocerse, por informaciones difundidas en medios de comunicación locales, que los departamentos y lotes vendidos por estas empresas resultaron inundados y con el sistema de alcantarillado colapsado debido a las intensas lluvias que azotan a la región.
Ello a pesar de que aseguraba que dichos proyectos inmobiliarios se ubican en zonas protegidas ante inundaciones. Lamentablemente muchas familias han quedado afectadas.
Inmobiliarias
Las empresas inmobiliarias investigadas son: Constructora Galilea S.A (Proyecto Monte Verde en el distrito de Castilla); Callo SRLTDA Constructores Inmobiliario (Urbanización Santa Rosa Country Club, distrito de Catacaos); Consorcio DH Mont & CG & M S.A.C (Condominio Ciudad del Sol, distrito de Veintiséis de Octubre); Clasem S.A.C (Parque Santa Margarita, distrito Veintiséis de Octubre) y Los Portales S.A. (Urbanización La Planicie, distrito de Veintiséis de Octubre), todo pertenecientes a la provincia de Piura.
A través de la investigación, la ORI Piura determinará si el proveedor infringió los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referidos a la correspondencia que debe existir entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo ofrecido.
De encontrase responsabilidad en estas empresas, podrían ser sancionadas económicamente.
El Dato
- Estas empresas inmobiliarias podrían afrontar un procedimiento administrativo sancionador, el cual puede concluir con la imposición de una amonestación o de una multa máxima de 450 UIT.
- La suma con la cual podrían ser sancionadas con más de S/ 2 millones.
- El proceso de investigación continuará.
