En Colán, Catacaos, el Medio Piura y en la ciudad, las denuncias de tráfico de tierras siguen en aumento.
Ya sea mediante el uso de la violencia contra los posesionarios o a través de ventas ficticias, el fenómeno no se ha detenido.
Solo en los tres primeros meses del año, la Macro Región Policial reportó un incremento de las denuncias de usurpación.
En enero fueron 32, en febrero subió a 41 y en marzo cerraron en 47 denuncias de propietarios o posesionarios contra invasores.
Otra estadística que merece evaluarse es el nivel de informalidad. Según cifras del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) en la provincia de Piura existiría un promedio de 300 posesiones informales.
En la práctica se trata de invasiones de familias de terrenos públicos o privados para conformar un asentamiento. Estas 300 posesiones informales están repartidas en Castilla, La Unión, Catacaos, Tambogrande y Las Lomas.
Según Cofopri Piura, en estas zonas se hará un diagnóstico de la informalidad para identificar si están ubicadas en terrenos públicos, privados o zonas de riesgo.
Muertes
Según fuentes policiales, los últimos crímenes en la ciudad se relacionarían al control de este negocio.
“Hay organizaciones criminales identificadas. Incluso ahora último se ha visto disputas con muertos. La muerte del “gordo Calero” tendría que ver con el tráfico de terrenos. De acuerdo a las investigaciones que se realicen, se verá si tiene vinculación con otro tipo de hechos delictivos”, dijo el jefe de la Macro Región Policial, General PNP, Edward Espinoza.
Como se informó, el 21 de abril fue asesinado Eslyn Leonel Correa Calero o también conocido como “Gordo Calero”.
En los partes policiales se le sindicaba como un presunto líder de “Los Capos de la Construcción”.
Catacaos
En Catacaos, los conflictos por la tierra no cesan.
Los comuneros de la Asociación Noria Señor Cautivo, integrante de la comunidad de San Juan Bautista, denunciaron que sujetos desconocidos ingresaron a su territorio a bordo de una cuatrimoto.
Al ser sorprendidos, hicieron disparos al aire. Los comuneros temen que empresas ingresen a sus territorio comunal amparados en ventas irregulares.
“La gente que ha adquirido la tierra de forma fraudulenta quiere tomar posesión de 4.000 hectáreas en la zona del nuevo Piedral, cerca al km 965 de la carretera Panamericana en el nuevo Tallán. Unos sicarios han querido sorprender a los comuneros, pero estos los han detenido y llevado a la comisaría”, declaró el dirigente de los colectivos del Bajo Piura, Teobaldo Reyes.
Refiere que el empresario Luis Landa se acercó a la comisaría, tras la detención de las personas por parte de los ganaderos asentados en la zona desde el siglo XIX.
“A partir de la ley de las comunidades campesinas que dio Fujimori, permitió que las dirigencias puedan vender las tierras y así se han vendido 40.000 hectáreas de la comunidad desde 1998. La Sunarp ha sido muy permisiva en aceptar en esas transferencias de tierras. Por eso está el conflicto de las 10.000 ha en Almirante Grau que terminaron supuestamente en manos de empresas”, agregó.
Medio Piura
De otro lado, en la zona de Cerezal también se registró un episodio de violencia.
“A las 4:00 pm del jueves 28 de abril, llegó una turba de 25 delincuentes con palos y machetes para atacarnos. Nos han seguido como medio kilómetro. A mis hijos le dieron con un cuchillo cerca del corazón y les rompieron la cabeza”, declara el agricultor Manuel Ramos Flores.
El vive en Cerezal desde hace 60 años y hace cuatro años tomó posesión de una área de 5 hectáreas con fines agrícolas.
En agosto del 2021, solicitó de manera formal al proyecto Chira Piura, el reconocimiento de la posesión. En contra suya, apareció la persona de Segundo Córdova Marchán quien reclamó el terreno dentro de su propiedad.
Es aquí donde se origina el conflicto que desencadenó el episodio de violencia. En este caso el Chira Piura tendrá la última palabra.
Colán
Otro es el caso de Mary Ann Reusche Arámbulo quien en marzo del 2013 consiguió la venta de 30 hectáreas de terreno erizo por parte de la Municipalidad de Colán.
Tras recibir el certificado de posesión, Reusche coloca un cerco perimétrico simple.
Los problemas iniciaron el 10 de abril del 2015, cuando sus trabajadores fueron detenidos cuando construían una vivienda en sus predio.
El operativo estuvo a cargo del comandante PNP, Javier González.
En la comisaría de Colán, Reusche se entera que tenía una denuncia por usurpación hecha por Luis Alberto Girón.
Esta persona aseguraba tener posesión desde diciembre del 2004 y cuando aún no cumplía la mayoría de edad.
Para validar habría presentado declaraciones juradas certificadas en el 2015. La fiscalía archivó el caso en 2018, sin embargo, en los juzgados civiles de Paita sigue la causa por el predio.
Datos
- Otra falencia para el control del crecimiento urbano es la falta de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
- El actual plan está actualizado hasta el 2012. El Ministerio de Vivienda contrató a una consultora para elaborar el nuevo plan, pero no hay avance.
- La Municipalidad de Piura envió observaciones a Vivienda, pero no hay respuesta. Consultor habría desistido.
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