Cifras mediocres de inversión presupuestal, proyectos dejados a su suerte y desgobierno son el legado de Servando García.
En la recta final de su gestión en el Gobierno Regional, el gobernador Servando García, ingresa con apenas un 8% del gasto del dinero de las obras asignadas de un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/512 millones.
A seis meses para terminar su mandato, esta sería una muestra más de la ineficiencia que ha caracterizado a su administración.
Para los especialistas consultados, el gobernador y su equipo han defraudado a la población.
Así lo sostiene el vicegobernador Marco Purizaca quien pese a ser excluido de la gestión, se siente parte del fracaso.
“Ganamos cuando estaba recién el problema de la inundación de Piura y había un compromiso: dejar una obra emblemática para que no vuelva a repetirse. No solo era reforzar las defensas del río, sino pensar en la parte alta del cauce del río para evitar futuras inundaciones. Recién se está haciendo un proyecto de reforestación cuando eso debió hacerlo el 2019, al inicio de la gestión”, sostuvo Purizaca.
Silencio
De otro lado, Purizaca cuestionó el silencio de la autoridad regional frente a los presuntos hechos de corrupción, donde solo decide rotar a sus funcionarios implicados.
“Una vez que salga de gobernador dará sus explicaciones de por qué tuvo ese silencio y cuáles fueron sus razones. De repente, para él no ha existido mayor problema o, si ha existido, no le ha dado la debida importancia”, señaló.
Para la integrante de la asociación civil Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, la autoridad regional pecó de falta de transparencia.
“Vamos de caso en caso. El último fue el caso del cobro de los cupos en la Diresa usados para financiar la campaña. La fiscalía levanta información, pero ya queremos resultados. En el caso de Máncora, se fueron a prisión los funcionarios. El máximo representante del Gobierno Regional está libre porque el dice que no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor. Eso no es nada creíble. Todos estos hechos hacen que esta gestión tenga más del 90% de desaprobación, según un sondeo”, aseveró la directiva de Vigilia Ciudadana.
Entre los escándalos más sonados de presunta corrupción está la compra a dedo de mascarillas con los colores de Fuerza Regional, la frustrada licitación de 31 ventiladores mecánicos para el hospital Santa Rosa.
De todos, destaca el caso de la carta fianza del centro de salud de Máncora, por la cuales se cobraron S/4 millones. Esto ameritó más de tres allanamientos de oficinas del GORE y la prisión preventiva del exgerente y mano derecha del gobernador, Jesús Torres.
La última cereza fue la contratación irregular de más de 100 locadores, donde destacan militantes de Fuerza Regional.
“Encima nos dejan cuadros de locadores que no son necesarios en la planilla del Gobierno Regional”, aseveró Salazar.
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