El suceso ocurrido el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho reveló un patrón alarmante en la actuación de los efectivos militares desplegados para controlar las manifestaciones antigubernamentales.

Contrario a lo afirmado por los militares implicados, quienes alegaron haber realizado disparos al aire, las evidencias y testimonios recabados indican lo contrario: los soldados apuntaron deliberadamente sus fusiles Galil hacia los cuerpos de los manifestantes, resultando en un saldo trágico de diez muertes y al menos veinte personas gravemente heridas.

Según la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, en una disposición emitida el 7 de junio de este año, más de cien testigos interrogados, incluyendo a las víctimas de los disparos de los fusiles Galil del Ejército, coincidieron en que los uniformados dirigieron sus armas hacia los manifestantes. Este testimonio desmiente categóricamente la versión oficial de los militares y fortalece la hipótesis de que hubo una intención directa de causar daño irreparable a los civiles presentes en las calles de Ayacucho.

La respuesta judicial no se ha hecho esperar. La fiscalía ha formalizado una investigación preparatoria contra siete oficiales de alto rango y un oficial de la Policía Nacional, acusándolos de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa. Entre los principales implicados se encuentran figuras como el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general de división EP (r) Manuel Gómez de La Torre, y el exjefe del Comando Operacional del Este (COE) y excomandante general de la IV División del Ejército (VRAEM), general de división EP Miguel Gonzáles Bohórquez. Estos altos mandos, junto con otros oficiales y subalternos identificados en la cadena de mando, enfrentan graves cargos por su presunta responsabilidad en los hechos.

La comunidad y los afectados por estos incidentes claman por justicia. Raúl Goya Ramos, uno de los heridos más graves, relató cómo fue impactado por múltiples proyectiles mientras intentaba protegerse, sufriendo daños irreparables en la mandíbula. Wilmer Lizama Ayala, quien no participaba en la protesta, también fue víctima de un disparo que lo dejó gravemente herido. Testimonios como el suyo refuerzan la contundencia de las pruebas en contra de los militares acusados, quienes continúan negando su participación en los disparos directos hacia los ciudadanos.

El caso de Yhon Ccerhuayo Raqui, quien además de ser herido en una pierna y perder un dedo, fue testigo del asesinato de Christopher Ramos Aime, un joven de apenas quince años, ilustra la brutalidad de los acontecimientos. Estos relatos, sumados a la evidencia física y documental recolectada por las autoridades, son fundamentales para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

En este contexto, la investigación judicial continúa su curso, enfocada en desentrañar la verdad detrás de los trágicos eventos en Ayacucho y asegurar que se haga justicia para las víctimas y sus familias. La sociedad espera que este proceso judicial no solo esclarezca lo sucedido, sino que también establezca precedentes claros sobre la responsabilidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos en situaciones de conflicto y protesta civil.