El programa ‘Punto Final’ mostró el domingo una fotografía que muestra a la empresaria Mirtha Gonzales Yep, compañera del abogado José Luis Castillo Alva, junto al capitán de la PNP Jorge Rodríguez Menacho en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación, durante el mandato de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

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Según el informe, la imagen fue capturada el 23 de mayo de 2023 y constituye una pieza de evidencia para el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Recordando los hechos, ‘Punto Final’ señaló que el 28 de septiembre de 2022, la Junta Nacional de Justicia inició investigaciones contra la fiscal suspendida de la Nación tras una denuncia del ex fiscal Víctor Cubas, quien afirmó que Patricia Benavides mantenía comunicaciones con el empresario Antonio Camayo Valverde, involucrado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

El abogado Jefferson Moreno tomó la defensa de Benavides y le sugirió que el letrado José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, podrían ser de ayuda debido a su relación con Rodríguez Menacho, miembro de la Diviac.

¿Patricia Benavides busca revocar su suspensión como fiscal suprema?

Patricia Benavides presentó el jueves pasado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un recurso para anular la resolución que la suspendió provisionalmente como fiscal suprema y, por consiguiente, de su cargo como fiscal de la Nación en diciembre de 2023.

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Acompañada por su abogado Jorge del Castillo, Benavides Vargas compareció ante dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): los consejeros María Zavala y Marco Falconí, quienes no estuvieron presentes en la audiencia del 6 de diciembre del año pasado, que tuvo lugar después del operativo Valkiria V.

Durante la audiencia pública, que se llevó a cabo en la sede de la JNJ en San Isidro, Benavides criticó el informe que recomendaba su suspensión preventiva del cargo, en el marco de la investigación preliminar del caso conocido como ‘La fiscal y su cúpula de poder’. Calificó dicho informe de «improvisado» y «rápido», argumentando que adelantó un juicio penal injusto. «Han pasado más de cuatro meses desde la injusta suspensión que se me impuso», declaró.