Los tambores de guerra han vuelto a sonar entre Ejecutivo y Legislativo en una nueva batalla que podría acabar con uno de los dos.
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Para los analistas consultados por El Tiempo, en esta nueva pelea, el presidente Pedro Castillo ha ido al ataque, pero sin el respaldo de la ley, y solo con la intención de disolver de facto al Legislativo.
En tanto, el Congreso trabaja en la suspensión y la evaluación de una denuncia constitucional para la destitución del jefe de Estado.
La estrategia del presidente es interpretar que se negó la cuestión de confianza que planteó el premier Aníbal Torres, por lo cual debió renunciar al cargo.
Para los abogados constitucionalistas, no hubo tal negativa, sino un rechazo de plano por tratarse de un pedido improcedente.
Como se informó, el premier Torres pidió cuestión de confianza para exigir la nulidad de la ley que establece que el referéndum para reformar la Constitución, tiene que pasar primero por el Legislativo.
“Es una interpretación que quebranta la ley constitucional. La norma establece que hay negación de la confianza cuando así expresamente el Congreso lo notifica. Aquí lo que ha acontecido es que el Congreso no ha dado trámite a una solicitud abiertamente improcedente”, afirmó el doctor en Derecho y especialista en derecho constitucional, Luis Castillo.
A partir de la publicación de la ley Nº 31355, ya no existe negación fáctica de una cuestión de confianza como pasó en el 2019.
Además, se precisa que este recurso se presenta sobre políticas de gobierno, mas no sobre las leyes que emite el Parlamento, al ser una competencia exclusiva.
“El Ejecutivo pretendía hacer cuestión de confianza en algo respecto de lo cual el Congreso tiene plena competencia con el aval del Tribunal Constitucional”, sostiene el experto.
El TC declaró constitucional esta ley Nº 31355 sobre la cuestión de confianza, ante una demanda que interpuso el Ejecutivo.
Escenarios
Para el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, el Parlamento puede interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el TC para evitar que Castillo siga con su estrategia de ataque.
“[Ejecutivo y Congreso]están en el timing del gana gana, o primero Castillo disuelve al Congreso o este declara su vacancia. Creo que la salida es que el Parlamento presente una demanda competencial ante el TC y una medida cautelar que diga que el señor Castillo no puede disolver el Congreso hasta que se dirima este conflicto en una sentencia”, afirmó el especialista.
De otro lado, Rospigliosi refiere que la salida más idónea es conseguir la vacancia del jefe de Estado.
“Buscar el atajo o la salida rápida es cometer errores. Mira lo que pasó con el tema de la traición a la patria, fue un papelón. Que el presidente sea un analfabeto en lo referente a la Constitución, y que lo diga nos ofenda, es algo indignante, pero no es delito. La suspensión que plantean es más de lo mismo. Si lo suspenden de esa manera, un juez de Chota, de Arequipa o Lima, lo va a reponer. Sería un escándalo. Si hay que sacarlo, se debe usar la Constitución con la vacancia por incapacidad moral permanente”, agregó.
Denuncia
De otro lado, el docente universitario Castillo refiere que en una eventual disolución del Parlamento, sus integrantes se podrían reunir para acusar y destituir al mandatario.
“Si el presidente disuelve el Congreso, este puede desconocer la arbitrariedad de Castillo y puede reunirse en cualquier recinto para acusarlo por infracción a la Constitución y la ley”, consideró el docente.
El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones y por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134.
Cabe indicar que el presidente del Congreso, José Williams, convocó para hoy a una sesión de urgencia del pleno.
La finalidad es autorizar a la Mesa Directiva a presentar una demanda competencial ante el TC contra la interpretación que ha hecho el Ejecutivo.
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