El Congreso de la República presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una ampliación de demanda competencial. Ello con la finalidad que se interprete el artículo 117 de la Constitución en el marco de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
De esta manera el TC decidiría si se puede interpretar dicho artículo bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este resultado decidirá, si el mandatario puede ser acusado por organización criminal y otros delitos en el ejercicio de sus funciones.
Cabe resaltar que el artículo 117 establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso de forma arbitraria o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales.
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Al respecto, al abogado constitucionalista Lucas Ghersi afirmó que la ampliación de la demanda está mal planteada. Asimismo, señaló que busca que el Congreso es “lavarse las manos”.
“No está bien lo que han planteado, más que esclarecer las cosas confunde y el Congreso además no tiene que esperar ninguna interpretación del Tribunal Constitucional sino que tiene que actuar. Pareciera un lavado de manos bajo la excusa de que no dirán nada hasta que el TC interprete el artículo 117. Eso puede demorar años”, explicó.
Congreso y Fiscalía
Por su parte, el constitucionalista Luciano López aludió que no existe un “conflicto competencial” entre el Congreso y la Fiscalía para que el TC pueda intervenir.
“Si no hay conflicto con la posición interpretativa de la Fiscal de la Nación de aplicar la Convención ONU, ¿para qué llevan el caso al TC si no procede? Retardan la decisión y evaden su responsabilidad”, escribió en twitter.
Opinión distinta tuvo el constitucionalista y docente de la Udep, Carlos Hakansson quien sostuvo que el Parlamento busca un respaldo del TC para avanzar con la acusación contra Pedro Castillo que podría llevar lo a su destitución.
“Creo que existe por parte del Congreso serias dudas sobre la aplicación del artículo 117 y habría que ver si se interpreta con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pero tengamos en cuenta que esta convención tiene el rango de ley, no tiene un rango constitucional […] entonces, lo que busca el Parlamento es un respaldo del TC”, comentó.
Hakansson agregó que el TC podría dar prioridad a este tema. Ello con el objetivo que de tal manera que la respuesta que otorgue no demore años sino máximo dos meses.
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