La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la licitación pública de la “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”. Dicha obra tiene un valor de más de S/ 304 millones en la región San Martín.
Según indica, tres integrantes del Comité de Selección de Provías Descentralizado tendrían responsabilidad penal y/o administrativa en estos hechos que ocurrieron el 2021.
En la adjudicación de esta obra se encuentra implicada la empresaria Karelím López, a quien la fiscalía investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Informes periodísticos revelaron que López realizó visitas a Palacio de Gobierno, antes y después de la buena pro.
Postergación irregular
Según el Informe de control específico, en la Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21, el Comité de Selección benefició al postor ganador de la buena pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas.
El documento de Contraloría señala que el acta suscrita el 6 de octubre del 2021 no fundamenta la decisión de postergación. Además, tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación.
El postor ganador no contaba con el certificado de poder de uno de sus consorciados, requisito obligatorio para la presentación de ofertas.
Además, los miembros del Comité de Selección no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal al pertenecer al mismo grupo económico.
Los representantes legales y gerentes generales de las empresas tienen un vínculo de consanguinidad (son hermanos) y un accionista en común; además de tener similar giro de negocio. Sin embargo, se permitió su participación en la presentación de ofertas y uno de ellos obtuvo la buena pro.
En diciembre del 2021, la Contraloría General realizó una recopilación de información relacionada con la licitación de la «Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga». En ella se identificaron indicios de irregularidad, lo que ameritó realizar el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.
Buena pro a un consorcio no idóneo
La Comisión Auditora determinó también que el postor ganador no cumplió con el requisito de experiencia mínima exigida en la especialidad de ejecución de “obras similares”, en la etapa de calificación. De las doce obras presentadas por el consorcio, se evidenció que siete obras no califican como obras similares.
Al no contar con la experiencia mínima exigida, se afectó el correcto desarrollo del procedimiento de selección al declarar ganador de la buena pro a un consorcio que no era idóneo para cumplir con el objeto de la contratación. De modo que, se postergó la satisfacción de las necesidades de la población que requiere contar con óptimas condiciones de transitabilidad vehicular.
El informe de control posterior -que comprendió el periodo del 5 de mayo al 22 de octubre del 2021- se comunicó al Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado); con el fin de que inicie el deslinde de responsabilidades al presidente del Comité de Selección de la licitación pública, a quien se le identificó presunta responsabilidad administrativa.
También se notificó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción; con la finalidad de dar inicio a las acciones legales penales contra los dos miembros del Comité de Selección (primer y segundo miembro titulares) a quienes también se les identificó presunta responsabilidad administrativa PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual estará a cargo del Órgano Instructor).
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