El ministro de Trabajo, Iber Maraví anunció que el Ejecutivo desistirá de la acción de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno anterior contra la ley de eliminación del régimen CAS.
En otras palabras, la ley Nº 31131, quedaría lista para su promulgación y elaboración de reglamento respectivo en el breve plazo.
La norma propone la eliminación progresiva de este régimen laboral e incorpora a las planillas de las entidades a quienes siguen trabajando como CAS.
El anterior gobierno se opuso por el sobrecosto al Estado que implica reconocer beneficios este grupo. Dicho costo se calculó en S/4.200 millones. Al respecto, El Tiempo consultó con dos especialistas sobre los beneficios y perjuicios que traería esta decisión.
Para el exdirigente sindical y abogado, Aurelio Ramos Dioses, la decisión es correcta porque acaba con la discriminación laboral.
“Es una ley que elimina la discriminación que existen en los regímenes laborales. A pesar que realizan la misma labor que otros trabajadores que están en planilla de la entidad, los CAS tienen menos derecho”, comentó.
Sobre los costos, el abogado sostiene que esto dependerá del régimen a donde sean incluidos los servidores CAS.
“Si van al 728, les generaría 15 remuneraciones por que son dos gratificaciones completas y una de CTS. En la 276, no se genera un mayor gasto. Pero aquí el tema es de puro derecho”, dijo.
Cuestiona
Para el exdecano del Colegio de Abogados, Manuel Palacios, la norma del CAS atenta con las disposiciones de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) que establece regulaciones para ingresar al sector público.
También se genera un problema, agrega, al momento de ubicar al servidor CAS dentro de la estructura orgánica de la entidad ya que su naturaleza era de un contrato temporal.
