El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), informó el último viernes, que asumió provisionalmente la operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).
No obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que aún no se ha suscrito el acta de reversión de los bienes a favor del Estado, debido a que Azteca Comunicaciones, anterior concesionaria, no ha subsanado las más de 3.000 observaciones durante la última supervisión realizada.
En este contexto, para el analista político, Fernando O’Phelan, la decisión de Pronatel para adjudicarse la RNFO fue poco transparente e incluso inconstitucional.
A su criterio, la entidad estatal no podrá garantizar un óptimo servicio de conectividad para los más de 90 mil centros poblados de las zonas rurales cuyo acceso al servicio es deficiente. Los escolares y estudiantes superiores también serían afectados.
“La decisión del Gobierno para autonombrarse operador es ilegal. El Estado no está autorizado en crear una empresa; y ellos dicen que es temporal. Sin embargo, la administración fácilmente va a demorar más de tres años, cuando pueden convocar a un concurso de emergencia transparente”, declaró.
De igual forma, mostró su preocupación ante un posible acaparamiento del dominio de la red de internet por parte del actual Gobierno: “Si algo se paraliza en algún lugar, un proveedor no funciona bien, ¿quién supervisa? Si el Estado ahora es juez y parte, es el que controla todo”, añadió.
Asimismo, el analista manifestó que el panorama es incierto porque hay intereses privados de por medio y el Gobierno, no garantizaría un servicio eficaz al carecer de una adecuada capacidad técnica ni funcionarios públicos calificados para el rubro.
Políticas públicas
Finalmente, prevé que el Gobierno de Castillo tendría más problemas de este tipo si continúan tomando malas decisiones respecto a las políticas públicas básicas.
Por su parte, el exministro de los sectores de Defensa y Cultura, Jorge Nieto, lamentó que la RDFO no pueda ser utilizada en beneficio de todos los peruanos y sus instituciones; a pesar que el Estado invirtió en el proyecto más de US$2’200.000 y gasta anualmente otro tanto en mantenimiento, señaló a un medio nacional.
Además, precisó que solo se usa el 3% de dicha inversión. Ello debido a que, la red enfrentó problemas desde el inicio porque se aplicó una política tarifaria fija que ha resultado poco atractiva para captar clientes.
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