El fiscal José Domingo Pérez, solicitó al juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional la suspensión de actividades políticas de Fuerza Popular por un plazo de dos años y medio.

El fiscal sostuvo que los investigados utilizan al partido para ocultar información y documentación. Incluso dijo que hubo fabricación de elementos de prueba, como se comprobó en el último allanamiento del 3 de enero.

Pérez Gómez indicó también que el partido financia la defensa de los investigados por el Ministerio Público en este proceso y que buscan proteger sus intereses, instrumentalizando a su representación en el Congreso.

Al respecto, la lideresa de fujimorista, Keiko Fujimori, como era de esperarse, rechazó el pedido del fiscal. En un pronunciamiento en sus redes sociales sostuvo que inhabilitar a Fuerza Popular con un proceso electoral en marcha es un “acto inédito y antidemocrático”.

“Nadie puede impedir que la población ejerza su derecho a elegir y decidir quienes deben guiar los destinos de nuestro país. Si alguien cree que con este tipo de maniobras nos van a distraer y llevar por el camino de la guerra política, se equivoca”, señaló.